A lo largo de la historia moderna, las estadísticas sirvieron a la sociedad, en general, y a los gobernantes, en particular, como herramientas para tomar decisiones y efectuar diagnósticos de situación. Más aún, para el Estado ha constituido la base para la elaboración de políticas públicas. Sin estadísticas confiables resulta difícil determinar cuál es el real comportamiento del Producto Bruto Interno (PBI), la evolución de los precios al consumidor y hasta el impacto de la asistencia social estatal con el fin de combatir flagelos como la pobreza o la desocupación.

Desde hace más de cuatro años, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) ha caído en un cono de sospechas, debido a la intervención política en la labor de los técnicos y especialistas, de vasta trayectoria, que tienen a su cargo la elaboración de los informes que luego son difundidos a la sociedad. Los intentos del Gobierno nacional por controlar a las consultoras e institutos privados que miden la inflación no son más que otro capítulo oscuro en esta intervención política para evitar de que se reflejen datos que pueden ser contrarios a los deseos electorales del gobierno de turno. Más aún en las proximidades de las negociaciones paritarias. La desconfianza sobre la forma de medir los precios por parte del Indec se ha instalado, incluso, en el mismo seno de la Confederación General del Trabajo (CGT), ya que sus dirigentes han expresado públicamente que no tomarán, como parámetros de negociación salarial, las estadísticas oficiales.

Los constantes intentos de intervención del Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Comercio Interior, dirigida por Guillermo Moreno, atentan contra la misma ley que creó el sistema Estadístico Nacional (17.622). Entre las funciones del Indec, la norma establece que este instituto deberá promover la creación de nuevos servicios estadísticos en el territorio nacional; también la adecuada difusión de toda la información estadística en los ministerios, comandos en jefe, secretarías de Estado, gobierno provinciales y municipales, organizaciones públicas y privadas y población en general; concretar investigaciones de carácter metodológico y estadístico, tendientes a elevar el nivel técnico y científico del Sistema Estadístico Nacional y celebrar acuerdos o convenios de carácter estadístico, con entidades públicas y privadas y promoverlos con organismos extranjeros e internacionales, entre otras.

El auge de índices de precios elaborados por consultoras comenzó a partir de enero de 2007, en momentos en que se iniciaron los desplazamientos de técnicos del Indec que se negaron a acceder a lo que denominaron "manipulación" de las estadísticas públicas.

Los informes privados no existirían, o al menos no tendrían tanto peso en la consideración social, si el Indec no hubiera permitido la intervención política en la confección de sus informes. El silencio estadístico alcanzó también los niveles provinciales. Por caso, el Gobierno de Tucumán no puede siquiera avanzar en un viejo proyecto por elaborar un índice provincial de inflación. Más aún, el Ministerio de Economía de la Nación no ha tomado aún consideración acerca del trabajo que efectuó el Consejo Académico de Estudio y Seguimiento (CAES), integrado por experto de cinco universidades-entre ellas la de Tucumán-, con el fin de recuperar la credibilidad del Indec.

No hay estructura privada que pueda suplir al organismo estadístico nacional en su tarea de relevar precios. Para un normal desenvolvimiento de sus actividades, los actores económicos, más aún los consumidores, necesitan una fotografía real con la que se pueda interpretar los hechos que pasaron y proyectar las decisiones. Eso sólo será posible si el Indec recupera su autonomía, algo que hasta ahora parece ser sólo un anhelo.